1. Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar los aspectos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios (ldfefm), y la deuda pública ya generada en años previos a su aplicación; ya que, por primera vez, los estados deberán establecer los techos de deuda que aplicarán en sus presupuestos del próximo año (2018).

Se puede observar que por la aplicación de la Ley se generaran cambios en la estructura administrativa de los estados y los municipios que por ende genere externalidades, las cuales se consideran importantes ya que se habla de “movilidad” donde generaría por parte de los ciudadanos de cada estado o localidad movilidad hacia otros estados que les brinden mayores beneficios. Cabe señalar que se estaría proporcionando escenarios posibles a partir de la aplicación de la ldfefm.

El tema de la disciplina financiera es relevante por el gran impacto que generan por el modelo de generaciones traslapadas en la parte de la deuda, que al tener la reestructuración señalada se pudiera perder de vista el beneficio social, y, por lo tanto, los ciudadanos buscarían cada cual trasladarse a su comunidad preferida (con mayores beneficios) conllevando concentraciones de población aún mayores en ciudades metrópoli de México.

A lo largo de los años el gobierno mexicano ha buscado la mejora de servicios públicos para sus ciudadanos, teniendo que acceder a un financiamiento implicado como deuda pública, ya que sus recursos no han sido eficaces en la aplicación de servicios de calidad, pero al adquirir deuda no se contempla que tipo de consecuencias se adquieren ya que se generan grandes cargas monetarias para los ciudadanos; por ello se pretende analizar ¿qué tan grande es la carga monetaria por uso de deuda pública que existe en estos momentos?, y que además esto nos dará un parte aguas de si el sistema mexicano está listo para la aplicación de la ldfefm, por lo que se pretende analizarlo retrospectivamente si las condiciones ya generadas para los estados son adecuadas para la aplicación de Ley.

2. Antecedentes: marco teórico

El Estado y la teoría

El Estado, se piensa, debe determinar de manera eficiente los ingresos para generar los factores necesarios para que una comunidad obtenga beneficio social, pero a través de ingresos generados por el mismo Estado, donde asume la responsabilidad de crear infraestructura de desarrollo mediante inversiones en el campo económico y social. El Estado obtiene ingresos privados por medio de impuestos, lo traslada a otras manos, y, por lo tanto, crea inversiones y gastos.

El Estado debe funcionar a la perfección para cumplir con los propósitos fundamentales para los que fue creado, generar ahorro público suficiente, absorber de la economía privada ingresos necesarios para provisión de servicios públicos, manipular instrumentos tributarios, etc. El encargado de realizar las finanzas públicas es el Estado, las cual está compuesto por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos.

La implementación para llevar a cabo las finanzas públicas a partir de 2017 será con aplicación de la ldfefm, generará mayor transparencia para que registren menores incrementos de deuda para efectos de adquisición de créditos, ya que a lo largo de los años se ha realizado con adquisición desmesurada y sin discriminar (El Economista, 2017).

El objetivo de la Ley es llegar al balance financiero, disposiciones bajo las cuales los excedentes que logren las administraciones estatales no se destinen a gasto corriente, sino a inversión o fondos de contingencia, según shcp. Pero haciendo referencia a lo comentado por la shcp se concluye que no solo se trata de poner límite a los riesgos crediticios, que se vienen dando desde hace ya tiempo, sino que realmente se logre independizar o hacer autosuficiente al estado o municipio en sus ingresos; y podrán ser capaces de realizar las medidas necesarias para tener finanzas públicas sanas.

Sin embargo, se deja muy a la deriva el bienestar social por el cumplimiento numérico crediticio, además, el plan que llegue a implementar en los estados, ¿podría ser opuesto al objetivo que es el bienestar social? Cuando se habla de poner en regla y proponer un plan de mejora para la balanza publica, ¿se consideran factores o impactos sociales? ¿Qué genera mayor desarrollo y crecimiento económico en el estado o municipio, sanas finanzas públicas o seguir apoyando proyectos de inversión, infraestructura, servicios públicos? ¿La sociedad como tal podrá generar por sí sola ingresos “suficientes”al Estado? Los fundamentos legales, ¿cubren todas las vertientes de impacto social o económico?

Cuando se habla de Estado, se menciona como forma de organización política, es decir, como un territorio comprendido dentro de unas fronteras ciertas, en el que habita un pueblo concebido como conjunto de sujetos de derechos y deberes, sometido a un ordenamiento jurídico-político específico (Diaz & Ruiz, 1996), aparece en Europa a finales del siglo XV y comienzos del XVI. Lo público, por su parte, hace referencia a aquello que es común a toda la sociedad o de conocimiento general.

Mencionan Diaz & Ruiz (1996) que la forma de organización que se llama Estado se ha ido expandiendo a todo el mundo, en la cual no queda alguna parte sin soberanía Estatal. La teoría del estado comienza en Alemania (siglo XVIII), además se revelaron teorías de hacienda pública, economía política y ciencia de la política.

Desde el punto de vista económico, menciona el “Estado del bienestar”, que es una forma de Estado básicamente intervencionista, que no actúa de acuerdo con los postulados de la teoría económica liberal clásica, sino con arreglo a la revisión keynesiana, que menciona que la intervención del Estado en el ciclo económico tiene un objetivo que garantiza tres aspectos necesarios para la prosperidad de las sociedades capitalistas: el equilibrio económico (neutralizador de la crisis), el pleno empleo, y en consecuencia, crecimiento sostenido.

El Estado, en la mentalidad contemporánea, debe reducir su actividad en algunos campos, se menciona que, para el área económica, se mantiene el criterio de que debe de haber una intervención Estatal en las condiciones de mercado con objetivos de coyuntura, pero se considera peligroso y contraproducente la existencia de sectores públicos en la economía, estos sectores públicos, por ser generalmente deficitarios, han sido responsables del déficit de los Estados de bienestar.

El efecto de transnacionalización de la economía ha sido la pérdida de soberanía de los estados (Diaz & Ruiz, 1996). Es decir, la globalización (Beck, 2008) se trata de la continua expansión del mercado. A lo largo del tiempo por este fenómeno se desarrolló la regionalización estatal, integración económica y política de los Estados.

Cuando se habla de aspectos de regionalización salta el termino de descentralización, implica básicamente la redistribución de la capacidad de decisión con el fin de fortalecer los ámbitos subnacionales de gobierno (Oates, 1993; Davey, 1992; Conyers, 1984), y puede ser definida como la transferencia de recursos, así como de la capacidad de decisión sobre su uso, del gobierno nacional hacia los niveles o ámbitos sub-nacionales (Bahl & Linn, 1992).

Comentan Bahl y Wallace que algunas razones fundamentales por las cuales resulta esencial estudiar esa faceta de las relaciones intergubernamentales, es en primer lugar necesario determinar si hay correspondencia entre la política de descentralización fiscal del gobierno central y la que se desarrolla entre las esferas sub-nacionales. Es decir, si las políticas fiscales entre los gobiernos intermedios y sus gobiernos locales anulan o refuerzan las políticas del gobierno nacional (Bahl & Wallace, 2003); se puede comentar que en México “refuerzan” las políticas nacionales, pero sólo por objetivos de partido y no por Estado de integración.

El modelo de generaciones traslapadas, es un modelo que puede ayudar a ver el tema que se está tratando de abordar, menciona que la financiación a través de la deuda puede imponer una carga real sobre las generaciones futras; se determina que en un escenario de economía emergente como lo es México, es mucho más plausible el determinar infraestructuras de alta inversión pero sin determinar el impacto real futuro, y que por ello el Estado no se preocupa por la carga real que generará a las generaciones futuras y como ello merma directamente en el ingreso actual como primer instancia de los ciudadanos.

El modelo de Tiebout (1956) pone énfasis en el papel clave de la movilidad, los impuestos sobre la propiedad y las reglas de ordenación territorial en la hacienda pública local. Bajo ciertas condiciones, la “votación con los pies” –que cada cual se traslade a su comunidad preferida– da lugar a una asignación eficiente de bienes públicos, en el sentido de Pareto. La principal razón de tipo económico que apoya a la descentralización es que la provisión de servicios públicos puede ser realizada con mayor eficiencia si está ligada a las necesidades específicas de la población que va a beneficiarse de esos bienes públicos (Tiebout, 1956, Oates, 1993). Este modelo nos ayuda a explicar los movimientos que posiblemente pueda generar la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera.

Se puede concluir la necesidad de que tanto los estados como los municipios determinen y generen sus finanzas públicas para lograr objetivos de brindar servicios públicos suficientes y necesarios para la sociedad. La autonomía fiscal de los municipios es un término que desde hace muchos años se maneja de manera común en los discursos y documentos oficiales de los países de la región, pero no se logra el impacto en su totalidad.

Teoría de la agencia

Democracia, agencia y estado: teoría con intención comparativa (2010) por O’Donnell, el cual aborda niveles y las interrelaciones entre el régimen democrático (medio), ciudadanía (micro) y el Estado (macro). O’Donnell considera que dichas interrelaciones son importantes, pero han sido ignoradas por los politólogos.

La dimensión macro de la democracia, según O’Donnell, es el Estado, definido como

“una asociación con base territorial, compuesta de conjuntos de instituciones y de relaciones sociales (la mayor parte de ellas sancionadas y respaldadas por el sistema legal de ese Estado) que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto delimita. Esas instituciones reclaman el monopolio en la autorización legitima del uso de la coerción física y normalmente tienen, como último recurso, para efectivizar las decisiones que toman, supremacía en el control de los medios de esa coerción sobre la población y el territorio que el estado delimita” (O'Donnell, 2010, p. 76).

Menciona O`Donnell que la segunda dimensión concierne a un sistema legal que penetra y determina las relaciones sociales. La efectividad de la ley en un territorio consiste en innumerables comportamientos habituales que por lo general (conscientemente o no) son compatibles con lo que prescribe la ley. Esa efectividad se basa en la expectativa, de que dicha ley, de ser necesario, será impuesta por una autoridad central dotada de poderes pertinentes en aquellos territorios donde no impera la legalidad.

O’Donnell considera que son tres las referencias a las que apela el aparato burocrático en la conformación de la identidad nacional: pueblo, nación y ciudadanía. Dicha construcción tiene dos componentes. El primero es la distinción entre el “nosotros” y los “otros”. El segundo consiste en que es la principal instancia de interpretación del bien común de la nación y/o de los principales intereses de la nación, del pueblo o de los ciudadanos.

Se puede concluir que, con base a estas teorías, el gobierno funciona de manera que busca efectividad en las operaciones que realiza a través de los estados y los municipios, pero que muchas de las veces los recursos no se utilizan de manera eficiente ni efectiva, y que, además, en “búsqueda del bienestar social” se determinan por objetivos como “nosotros” cuando se habla de partidos, pero de igual manera el bien común se logra con bases en Leyes creadas con altas expectativas de efectividad.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

La ldfefm habla de que los estados y los municipios pueden incurrir en endeudamiento; mencionan los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno puedan afectar las participaciones que les correspondan para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; obligación de los mismos de inscribir y publicar la totalidad de manera oportuna y transparente, en un registro público único; un sistema de alertas que califique el nivel de endeudamiento de dichos entes públicos; la posibilidad de otorgar el aval federal a la deuda de los estados y los municipios; y las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones.

Tabla 1

Estructura

elaboración propia con datos de ldfefm, consultado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_270416.pdf

Tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

La Ley busca lograr su objetivo mediante ocho componentes principales:

1. 1. 1. Reglas de disciplina financiera, que promuevan el sano desarrollo de las finanzas públicas, mediante principios de responsabilidad hacendaria;

   2. Contratación de financiamientos y obligaciones, bajo principios de transparencia y eficiencia, de forma que su contratación se realice al menor costo financiero y destinando los recursos obtenidos a inversión pública;

   3. Aprobación por la legislatura, por las dos terceras partes de los legisladores presentes para la autorización de los financiamientos.

   4. Deuda estatal garantizada, a través de la cual la Federación, de acuerdo a la autorización constitucional, otorgará su aval con el único objetivo de apoyar a los estados y los municipios para reducir la tasa de interés de sus créditos. Lo anterior, a cambio de generar convenios de disciplina financiera; y,

   5. Sistema de alertas, vinculado a los niveles .de endeudamiento, de servicio de la deuda y de las condiciones de liquidez, que permita una detección oportuna del riesgo en el endeudamiento de los entes públicos;

   6. Registro público único, para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales.

   7. Información y rendición de cuentas, a fin de que los Entes Públicos presenten la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva cuenta pública.

   8. Sanciones. Finalmente, otro tema importante es que la Ley contiene disposiciones en torno a las sanciones y responsabilidades de los servidores públicos, para el caso de los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia.

Bajo este esquema de contención sobre los riesgos crediticios o de endeudamiento, se genera la perspectiva de que generará mayor transparencia para que registren menores incrementos de deuda los estados y los municipios de México.

La shcp menciona que se darán a conocer los techos de endeudamiento para estados y municipios. El reto principal será la implementación de la ley y sobre todo en los municipios. Las analistas señalaron que la nueva legislación impone límites de deuda lo cual conduce a menores incrementos en los niveles de deuda. En México a diferencia de otros países se va a implementar de manera preventiva mientras que en otras naciones se ha aplicado después de presentar un riesgo sistémico^[1].

Cabe mencionar que uno de los aspectos importantes para tomar en cuenta es la liquidez, que esta se continuará declinando, y en algún escenario extremo, los estados de baja liquidez que se acompañe con deuda de corto plazo, se tendrá como consecuencia entidades con un mayor riesgo de incumplimiento, y por lo tanto, con menores ingresos y que a su vez proporciona servicios públicos de baja calidad, en consecuencia, movilidad en la sociedad, ya que la población buscará satisfacer sus necesidades sin pagar un alto costo y con óptimos beneficios, basándonos en teoría (Tiebout, 1956).

Desde el año 2000 se han generado en México diferentes reformas fiscales, en la cuales se busca tener una mejor recaudación. El papel de los gobiernos locales ha cambiado en los últimos años, con las diferentes adaptaciones de política pública y las nuevas normas y leyes que se han adoptado en México. Los estados y municipios han tenido con el federalismo, las responsabilidades de la administración, recaudación y administración de los recursos, buscando el bienestar social y la democracia.

El principal objetivo del federalismo de acuerdo con lo que establece Oates (1999) es determinar las herramientas y estrategias recaudatorias y establecer de cuáles son las más convenientes a nivel central y cuales son mejor descentralizarlas, de acuerdo con la eficiencia en recaudación de cada una y la disponibilidad de los contribuyentes. Lo anterior pone en competencia a los responsables de la recaudación de los diferentes niveles administrativos. El federalismo puede entenderse entonces como un conjunto de normas que guían a los países federalistas o centralistas a la descentralización fiscal.

“Mientras el federalismo fiscal constituye un conjunto de principios guías, un concepto guía, que ayuda a diseñar relaciones fiscales entre el nivel nacional y los niveles subnacionales de gobierno, la descentralización fiscal, por otro lado, es el proceso de aplicación de dichos principios” (Sharma, 2005).

El único problema que se determina a la nueva Ley es que puede ser utilizada como instrumento por la shcp para alinear las políticas públicas de los estados con el gobierno federal, y así perder aún más el federalismo con la cual se ha caracterizado a México ya que se tendrá que seguir normas sin excepciones y sacrificando el bienestar social de la mayoría.

La Auditoria Superior de la Federación en el informe realizado sobre análisis de la deuda pública de estados y municipios (2012) argumentó que

“el acelerado crecimiento del endeudamiento subnacional registrado sobre todo a partir de 2009, manifiesta indicios sobre situaciones que pueden representar riesgos para la estabilidad macroeconómica del país y presiones en las finanzas públicas federales”.

En dicho informe se determinó que uno de los principales problemas es la falta de transparencia en la deuda total, los pasivos contingentes y las obligaciones financieras de los gobiernos subnacionales.

Menciona Alberto Jones, director de Moody’s^[2] en México: “Confió que con la Ley de Disciplina Financiera ya no se verán niveles tan elevados de deuda en los estados derivados de actos de corrupción” (Rodriguez, 2017).

Sólo Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán han cumplido adecuadamente con los requerimientos. De acuerdo con Moody’s, doez estados cumplen con entre el 62 y el 79% de los requerimientos de la Ley, mientras que 14 cumplen con menos del 61% (El Financiero, 2017). De acuerdo con datos de shcp e inegi en los años 2000, 2010 y 2016 respecto al crecimiento de la deuda de cada uno de los estados se refleja que han guardado estabilidad respecto a su endeudamiento, puesto que no se muestran alteraciones significativas respecto al crecimiento del apalancamiento de manera exponencial en ninguno de los estados. En el ranking de estados endeudados se encuentra en primer lugar Quintana Roo, Jalisco, hasta 2016, se encontraba en el lugar 16, y los últimos lugares de endeudamiento se encuentran: Puebla, Yucatán, Guerrero y Querétaro, es decir, para los estados que se encuentran en los últimos lugares es de mayor facilidad el cumplir con los requerimientos de Ley.

Los requerimientos adicionales que han contraído los estados para la contratación de deuda y los límites de endeudamiento que la ley les determinará en 2018, provocará un deterioro en la liquidez de estados y municipios. Aquellos con perfiles crediticios débiles con muy bajos niveles de liquidez y acumulación de deuda a corto plazo podrían presentar incumplimiento de pagos.

Teoría económica

Los momentos históricos o de crisis obligan a cuestionar la capacidad explicativa de la teoría neoclásica, ya sea para expandir dicha capacidad o para proponer teorías alternativas que ofrezcan nuevas explicaciones sobre las grandes patologías económicas y novedosos criterios de política económica para corregirlas.

La nueva síntesis neoclásica (nsn) es el marco analítico base sobre el que la teoría neoclásica ofrece recomendaciones de política económica (Woodford, 2009). Este nuevo paradigma se caracteriza por construirse en esquemas analíticos de equilibrio general dinámico, con rigideces en precios y monopolios, es decir, aceptan que el estudio de la macroeconomía debe de realizarse en esquemas de ciclo real, pero en escenarios de competencia imperfecta y rigideces en precios.

En la nsn se enfatiza el papel de la política monetaria para corregir problemas de insuficiencia de demanda. No obstante, se menosprecia la capacidad del gasto público para resolver ese tipo de problemas (Arestis y Sawyer, 2003; Fontana, 2009). De acuerdo con Blanchard, Dell'Ariccia y Mauro (2010) entre las razones más importantes por las cuales se menospreció el estudio del gasto público es que en los modelos de equilibrio general dinámico se ha cuestionado fuertemente al multiplicador keynesiano, con base en el efecto Crowding Out y el teorema de equivalencia ricardiana.

Arestis y Sawyer (2003) argumentan que no hay suficientes elementos, ni empíricos ni teóricos, para sostener que la política fiscal es incapaz de resolver eficientemente problemas de insuficiencia de demanda efectiva. Por lo que mencionan que hay que revalorar el papel de la política fiscal dentro de la nsn o a ofrecer esquemas analíticos alternos a ésta, en donde la política fiscal no juegue un papel secundario.

El estudio del gasto público ha regresado al centro del debate. En Eggertsson (2009) y Woodfrod (2011) se establece que el tamaño del multiplicador del gasto público en la nsn depende de la política monetaria, muestra que si la política monetaria mantiene fija la tasa real de interés y el multiplicador del gasto será igual a la unidad; cuando la autoridad monetaria reduce la tasa de interés, el multiplicador será mayor que la unidad. Una política monetaria que sigue la regla de Taylor genera un multiplicador mayor que el de precios flexibles, pero menor que cuando se mantiene la tasa de interés fija.

Regularmente existen dos características en la forma en la que en la nsn se aborda el gasto público: a) los cambios en los niveles de empleo se deben al efecto riqueza, aun en presencia de rigideces en precios, monopolios y una política monetaria activa (véase Linnemann y Shabert 2003). Es decir, las variaciones en los niveles de empleo se deben a que la política fiscal afecta la riqueza de los consumidores, ante lo cual ellos modifican su oferta de trabajo. Por lo que, de manera análoga a los modelos de ciclo real, es la oferta de trabajo la que determina el nivel de empleo. Lo anterior implica que el empleo es voluntario, y b) el tamaño del multiplicador del gasto depende de cómo responda la política monetaria.

De acuerdo al debate que generan los teóricos económicos, se debería implementar de mayor manera o mejor dicho con mayor importancia la política fiscal, ya que tiene un impacto directo en la renta, y por lo tanto se podría determinar movimientos como aumento de impuestos estipulados por el Estado, generarían los movimientos de bajo consumo por lo que la producción disminuiría, y por lo tanto disminuiría el empleo, que generaría aún mayores bajas en ingresos por lo que se tendería a el ahorro, por consecuencia, el desarrollo económico regional o local estaría por debajo de lo necesario a lo establecido como “bienestar social”.

3. Análisis de información

Se realizará el análisis de los estados que contienen mayor deuda pública en los últimos 15 años en México, abarcando desde 1995 hasta 2015, con datos de la shcp e inegi.

En la gráfica 1 (Ingresos públicos) se puede observar que a lo largo de los años (1989 a 2015) se han visto grandes incrementos respecto a estas variables, ya que a través de la Teoría indica que entre mayores ingresos se tengan, y se obtenga una estabilidad respecto a una economía se pueden generar autosuficiencia en la generación de sus recursos, además que la alta dependencia de ingresos petroleros dio pie a crear políticas para estimular los mercados después de una devaluación como se sufrió en 1994.

Los estados con mayor deuda, para el cierre del año 2016, la deuda de los estados y municipios, así como sus entes públicos, ascendía a 568,591.8 millones de pesos, que significó un aumento anual de 6%.

Se denota en la gráfica 2 (Deuda pública total), que los estados no han tenido alguna medida de control de gastos por lo que tienden a obtener créditos o deuda pública, sin preocuparse por generar los ingresos necesarios para pagar tal deuda, y que además con los cambios sexenales, no se planea conforme a un estándar de finanzas públicas sanas, por el pensamiento de que al “tener obras en proceso” generaran más votos, y que para ello no se estima el alto costo que esto genera en corto y largo plazo (Véase apéndice).

En finanzas del sector público se determina para la balanza fiscal la sencilla operación de:

Balanza fiscal = Ingresos públicos – Gastos de gobierno

Donde:

Ingresos públicos = ingresos tributarios + otros ingresos

Gasto de gobierno = gasto corriente + gasto de capital

Elaboración propia con datos de INEGI.

Por lo que es evidente, que los estados no han tenido una administración eficiente, respecto a los recursos, y que demás los ingresos no se han generado de acuerdo a los estatutos generados por gobierno federal, ya que no ha sido recaudada eficazmente por los entes públicos, y por ello dependen de gran medida de los recursos o transferencias que la federación establece para su presupuesto anual. Los estándares legales que se determinaron no se delimitan a lo que los estados pudieran brindarle, aunque si se toman en cuenta para la generación o aprobación del presupuesto siguiente.

Se puede concluir que era “evidente” que los estados tuvieran que obtener ingresos de manera diferente por la balanza fiscal que a lo largo de los años ha sido deficitaria (cuando los gastos son mayores que los ingresos).

Se puede observar en la gráfica superior que, a simple vista, el estado que genera mayor deuda pública es México, pero se realizará un análisis más detallado de si realmente este es el estado con mayor deuda.

Muchos gobiernos estatales se han endeudado desmesuradamente y sin dar cuentas de qué han gastado (el ejemplo de Coahuila, con una deuda pública superior a los 30,000 millones de pesos). La regla del equilibrio presupuestal debiera haber sido la norma desde un principio, y no hasta estos momentos en los que ya se tienen grandes cantidades generadas, enormes obligaciones y poca capacidad de pago.

Elaboración propia con datos de INEGI

En la gráfica 4 (Gasto público) see observa claramente que el gobierno gasta la mayoría de su dinero en el gasto de capital, sin embargo, el gasto en el que no tienen medidas estrictas en el gasto corriente, ya que para 2015 en muchas dependencias destinan más de la mitad del recurso a gastos personales, mientras que el presupuesto del 2015, el gasto en inversión sigue limitado.

Se ve en la Gráfica 4 (Deuda pública per cápita por estados, 1994-2015), para el año de 1994 la deuda pública del estado de Oaxaca se colocó en el primer lugar, ya que en comparación de la población que contiene el estado, es muy grande su deuda y que probablemente no se haya utilizado en infraestructura; el segundo puesto lo obtuvo Chiapas, con 111 de deuda pública por cada persona habitada en el estado.

laboración propia con datos de INEGI

elaboración propia con datos de INEGIdppc: Deuda pública per cápita.

Para el año de 2000 encabeza la lista Sonora y Baja California Sur; para 2005 se encuentra de nuevo Sonora, ahora México y en tercer lugar Baja California Sur; en 2010 se encuentra Quintana Roo y Zacatecas; y para 2015 Baja California Sur y Colima; como se puede ver los estados de mayores deudas en comparación con su población son más o menos los mismos.

Se puede observar que los estados no tuvieron alguna medida preventiva ni correctiva para detener en cierto punto el tamaño de la deuda, y mucho menos restricción de en qué se lo estaban gastando.

Conclusiones

La nueva ldfefm puede generar problemas respecto a la relación directa con shcp ya que tendrá que estar sujeta a las disposiciones que dispongan además deberá ser alineada junto con las políticas públicas de los estados con el gobierno federal, y así perdiendo aún más el federalismo con la cual se caracteriza México, ya que en los últimos años el sistema federal ha sido débil.

Se determina que el efecto que pudiera surgir con escenarios positivos y negativos, serían desarrollados con limitantes por las entidades federativas y los municipios de cómo gastar su recurso, como establecer su planeación financiera (lo cual está bien), determinar el impacto social que genera el implementar decidir disminuir la deuda en sacrificio del bienestar del Estado.

El Estado, por lo tanto, debería funcionar de manera descentralizada, ya que es la provisión de servicios públicos la que puede ser realizada con mayor eficiencia si está ligada a las necesidades específicas de la población que va a beneficiarse de esos bienes públicos (beneficio social). Además, se concluye con el análisis realizado que el gobierno federal como estatal y municipal no han sabido llevar adecuadamente la deuda publica obtenida a lo largo de los años ni mucho menos establecer planes estratégicos financieros para reestructuración de la deuda o pago de la misma.

Se lograron los objetivos planteados en esta investigación de lograr ver si la administración tanto Federal como Estatal han sabido llevar a cabo las estrategias de endeudamiento a lo largo de los años, con lo que se puede concluir que, no se ha sabido llevar y además lo que se gasta, se gasta mal y con altos costos a lo largo de los años, ya que se va agregando más ceros a la cifra de deuda pública. Se determinaron cuáles fueron los estados con mayores índices de endeudamiento desde 1995 hasta 2015.

Las dificultades que se presentaron fueron que esta investigación se pretendía tomar como base los techos de endeudamiento dictados por la ldfefm como supuesto preliminar, pero estos serán publicados hasta junio de este año (2017) comentó la shcp, y además que no hay una aplicación de esta Ley.

Aportaciones que se pudieran generar, es que además de las disposiciones generadas por la ldfefm se deben tomar en cuenta rasgos de impacto social y de migración entre los Estados, ya que solo se está determinando índices de cumplimiento sobre endeudamiento, plan financiero y eficacia en recurso, más no en buscar el beneficio social.

Las futuras líneas de investigación que se descubrieron fueron determinar o mejorar el modelo keynesiano para focalizar la política fiscal en un impacto directo sobre la renta, también que la ldfefm contiene aun vacíos que no contemplan todos los objetivos por los cuales el gobierno federal trabaja.

Anexo

Gráfica 1
Elaboración propia con datos de _INEGI México

Donde:

Se toma por ingresos públicos los datos por ingresos tributarios más ingresos no tributarios los cuales engloban las siguientes variables brindadas por inegi en su área de Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales.

Ingresos tributarios:

Impuestos

Ingresos no tributarios:

Contribuciones de mejorasDerechos ProductosAprovechamientos

Gráfica 2
elaboración propia con datos de _INEGI México

Gráfica 3
elaboración propia con datos del _INEGI de México

Gráfica 4
elaboración propia con datos del _INEGI de México

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Notas